Dos empleados del área de informática del Senado, cesados por supuestos accesos indebidos a portales electrónicos internos, han presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.
La acción judicial, asesorada por Administrativando Abogados, tiene como objetivo anular el despido, al considerar que no existió infracción laboral alguna.
El Acuerdo de despido fue adoptado por la Mesa del Senado el pasado 22 de mayo de 2025, basándose en el artículo 33.4 a) del Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Cámara Alta, que considera falta muy grave el «fraude, deslealtad y abuso de confianza». No obstante, la defensa sostiene que los hechos no encajan en dicha tipificación y que ni siquiera se han acreditado con pruebas.
«No hubo ningún acceso inconsentido, ni espionaje, ni hackeo. No existe beneficio personal alguno, ni afectación institucional», afirma Antonio Benítez Ostos, abogado de los trabajadores.
Además, el propio instructor del expediente había propuesto una sanción de carácter menor: suspensión de empleo y sueldo durante tres meses.
Sin embargo, la Letrada Mayor del Senado propuso el despido sin que existieran nuevas pruebas ni diligencias.
Este cambio abrupto es considerado por la defensa como una presunta irregularidad que vulnera el debido proceso.
Administrativando Abogados pone el foco también en la posible falta de proporcionalidad y en la desviación de poder que puede haberse producido.
El hecho de que la decisión final se adoptara tras una intensa cobertura mediática y con filtraciones de datos confidenciales, podría indicar un presunto uso político de un procedimiento disciplinario laboral.
«Los despidos en el sector público (también en el sector privado), deben estar ajustados al principio de legalidad y contar con todas las garantías. No se puede despedir a dos trabajadores por una motivación política, o presiones recibidas, sin pruebas sólidas, ni motivación técnica», ha señalado el abogado.
Actualmente, la defensa está a la espera de recibir el expediente administrativo completo, que debe remitir el Senado, para formalizar la demanda y acreditar que no hubo ilícito laboral alguno.
El objetivo último: anular la decisión de despido y restituir a los trabajadores en su puesto, e incluso, lograr una compensación acorde con la gravedad del daño sufrido.
El caso, más allá de su carácter técnico, pone de manifiesto la necesidad de garantizar procesos disciplinarios objetivos, neutrales y transparentes en la Administración, especialmente en un entorno como el parlamentario.
